PH / Arizbeth Huerta
CIUDAD DE MÉXICO.- México mantiene niveles de violencia entre los más altos del mundo y una impunidad casi absoluta en los homicidios, advierte el informe anual de Human Rights Watch (HRW).
El documento subraya que, pese a los cambios políticos recientes, persisten graves deficiencias estructurales en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.
La organización internacional señala que las denuncias de tortura continúan siendo recurrentes y alerta sobre la ampliación del uso de la prisión preventiva oficiosa, una figura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado eliminar en dos ocasiones sin que el Estado mexicano haya cumplido esas resoluciones.
De acuerdo con HRW, la violencia criminal se mantuvo en 2024 en niveles alarmantes.
El informe apunta que Claudia Sheinbaum, quien asumió la Presidencia en octubre de ese año, recibió un país marcado por la violencia extrema y por abusos graves cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas.
La tasa oficial de homicidios en 2024 superó los 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una de las cifras más elevadas a nivel global.
En estados como Sinaloa, la situación se agravó tras la detención y traslado a Estados Unidos de un líder del narcotráfico en julio de 2024, lo que provocó enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Hasta agosto de ese mismo año, más de mil 800 personas habían sido asesinadas, de acuerdo con datos oficiales.
El informe también recuerda el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido en noviembre, quien había denunciado públicamente la presencia de grupos criminales en la región y sus presuntos vínculos con actores políticos locales.
En cuanto a la procuración de justicia, HRW advierte que las fiscalías solo logran esclarecer alrededor de uno de cada 10 homicidios intencionales.
En numerosos casos las investigaciones se sustentan en pruebas manipuladas, fabricadas u obtenidas mediante amenazas o tortura.
A ello se suma la falta de personal capacitado, recursos materiales y protección para los agentes encargados de investigar los delitos.
El organismo también cuestiona una reforma aprobada por el Congreso en septiembre, la cual limita la posibilidad de interponer amparos contra resoluciones judiciales que imponen la prisión preventiva.
Actualmente, cerca de 40 por ciento de las personas privadas de la libertad en México no cuentan con una sentencia condenatoria y permanecen en centros penitenciarios con hacinamiento y serias carencias en servicios médicos y de salud mental.
En materia de tortura, el Instituto Federal de Defensoría Pública documentó, entre 2019 y 2025, al menos tres mil 177 incidentes denunciados, con un total de cuatro mil 100 víctimas.
Las autoridades no han adoptado medidas suficientes para prevenir estas prácticas ni para garantizar que los responsables enfrenten consecuencias legales.
El informe también expresa preocupación por la falta de acciones efectivas para frenar las desapariciones forzadas y por las amenazas a la independencia judicial, al considerar que las políticas actuales no atienden los principales obstáculos que enfrentan los ciudadanos para acceder a la justicia.
Human Rights Watch insiste en los riesgos derivados de la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En noviembre de 2024 y julio de 2025, el Congreso aprobó leyes que transfirieron el control de la Guardia Nacional al Ejército, una decisión que se ha dado en un contexto donde persisten denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal militar.
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