PH / Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum una iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una Ley General en materia de feminicidio.
Con esta propuesta, se busca unificar en todo el país la forma en que este delito se tipifica, se investiga, se sanciona y se repara.
La propuesta parte de una vieja exigencia de colectivos y especialistas: que la suerte judicial de un caso no dependa del estado en el que ocurrió el crimen ni de criterios dispares entre fiscalías.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción de la iniciativa y sostuvo que el nuevo ordenamiento permitiría homologar la investigación y la tipificación del feminicidio.
Días antes, al anunciar la propuesta, Sheinbaum explicó que la intención es crear una ley general que obligue a todas las fiscalías del país a actuar bajo un mismo marco.
El objetivo es combatir la impunidad y, al mismo tiempo, desarrollar políticas públicas de prevención
En ese paquete, la fiscal general Ernestina Godoy detalló que se contemplan penas de 40 a 70 años de prisión.
Pero el tamaño del problema rebasa el anuncio legislativo. De acuerdo con Amnistía Internacional, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 fueron asesinadas aproximadamente tres mil 427 mujeres en México y cerca de 829 de esos casos fueron investigados como feminicidio.
La propia Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido además que en México alrededor de 10 mujeres y niñas son asesinadas cada día.
Es una dimensión que ayuda a explicar por qué las organizaciones civiles insisten en que el debate no puede centrarse solo en aumentar penas, sino en garantizar investigaciones eficaces desde el primer momento
Ahí está uno de los nudos del problema. En México, no toda muerte violenta de una mujer se investiga de entrada como feminicidio, y muchas veces la clasificación inicial termina definiendo el rumbo del caso.
Un reportaje difundido por la ONU-DH recogió que, en los últimos ocho años, las fiscalías mexicanas abrieron 1.7 millones de investigaciones penales por agresiones graves contra mujeres —golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con arma blanca o de fuego—, pero solo 781 fueron iniciadas como tentativa de feminicidio.
Esa diferencia revela no solo subregistro, sino una falla estructural en la capacidad del Estado para nombrar e investigar la violencia extrema contra las mujeres con perspectiva de género
También persiste un problema serio de impunidad. Un análisis citado por Animal Político con base en un estudio de Impunidad Cero reportó que la impunidad acumulada en feminicidio a nivel nacional fue de 56.6 por ciento entre 2016 y 2021.
Es decir, que menos de la mitad de los casos registrados en ese periodo habían concluido con una sentencia condenatoria.
La baja capacidad institucional para investigar, la falta de personal especializado y la desigualdad entre estados siguen frenando el acceso a la justicia
Por eso, más allá del impacto político de la iniciativa presidencial, el fondo del debate está en si esta eventual ley general logrará corregir las grietas que hoy permiten que un feminicidio sea mal investigado, reclasificado como homicidio o simplemente se estanque en el laberinto ministerial.
La homologación legal puede ser un paso importante, sobre todo si obliga a los estados a ajustar sus normas y protocolos, pero el desafío real seguirá estando en la operación cotidiana.
En ministerios públicos capacitados, peritajes con perspectiva de género, fiscalías que no revictimicen a las familias y mecanismos de reparación que no lleguen cuando ya es demasiado tarde.
La reforma abre una ruta legislativa relevante, pero no resolverá por sí sola una crisis que se ha vuelto crónica.
En un país donde miles de mujeres siguen siendo asesinadas cada año y donde todavía hay enormes diferencias entre fiscalías, el reto no es solo castigar más duro, sino investigar mejor, prevenir antes y cerrar el paso a la impunidad que durante años ha acompañado estos crímenes.
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