PH / Arizbeth Huerta
CIUDAD DE MÉXICO.- La extorsión se ha convertido en uno de los principales factores que distorsionan el clima de negocios en México y condicionan las decisiones de inversión, advirtió la Coparmex.
La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que este delito ya no puede entenderse como un fenómeno coyuntural, sino como una presión permanente que impacta la viabilidad y el crecimiento de las empresas, particularmente en regiones específicas del país.
En un posicionamiento reciente, el organismo empresarial sostuvo que la extorsión representa uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad productiva.
“Encarece la operación cotidiana, inhibe la expansión de negocios formales y genera entornos de incertidumbre que desalientan nuevas inversiones”.
La Coparmex subrayó que, pese a avances puntuales en la reducción de otros delitos, este ilícito continúa expandiéndose sin una contención efectiva por parte del Estado.
De acuerdo con datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), al cierre de 2025 la extorsión muestra una tendencia sostenida al alza.
En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de seis mil 223 a 11 mil 81, lo que representa un incremento cercano a 78.1 por ciento en una década.
Confirma que el problema tiene un carácter estructural y no responde a dinámicas temporales. Ante este fenómeno, la Coparmex ha marcado bien su postura:
“Este comportamiento evidencia fallas profundas en las estrategias de prevención, persecución y sanción del delito”.
A nivel estatal, la incidencia se concentra de manera crítica: cinco entidades —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— agrupan 65.2 por ciento de las víctimas registradas.
Además, en 2025, veinte de las 32 entidades del país reportaron incrementos anuales en extorsión, lo que implica que en casi dos terceras partes del territorio nacional este delito creció respecto al año previo.
Entre los aumentos más significativos destacan entidades como Tlaxcala, Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Puebla.
A juicio del sector patronal, confirma que la problemática no se limita a zonas tradicionalmente identificadas con altos niveles de violencia, sino que se ha extendido a regiones con dinámicas económicas diversas.
Otro elemento que agrava el impacto de la extorsión es su modalidad; 68.8 por ciento de los casos se comete vía telefónica, mientras que en 31.2 por ciento de las denuncias el cobro se vincula con supuestas autoridades o personas que aparentan serlo.
“Esta situación no solo incrementa el daño económico a las empresas, sino que erosiona la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho”.
Ante este escenario, el organismo empresarial ha insistido en que la extorsión debe colocarse como una prioridad nacional de política pública.
Si bien reconoció la aprobación de la Ley General para combatir este delito como un avance relevante, advirtió que su efectividad dependerá de la implementación inmediata de unidades especializadas en las fiscalías estatales, con capacidades técnicas, recursos suficientes y coordinación interinstitucional.
De lo contrario, alertó, la extorsión seguirá operando como un impuesto criminal que frena el desarrollo económico y castiga de forma desproporcionada a las empresas formales.
Foto: Coparmex
