PH / Redacción
CHETUMAL, Q. ROO.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Quintana Roo presentó ante la XVIII Legislatura un balance de gestión que exhibe una eficacia procesal limitada y una recuperación de recursos reducida frente al presupuesto que ejerce anualmente.
Durante su primer informe de labores, correspondiente al periodo de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el fiscal especial Edgar Ramírez Morales informó que la FECC opera con un presupuesto anual de 52 millones de pesos.
Sin embargo, los resultados expuestos reflejan un bajo nivel de judicialización y sanción (…)
De las 407 carpetas de investigación atendidas, 328, es decir, alrededor de 80 por ciento, concluyeron con el No Ejercicio de la Acción Penal.
El resto de los expedientes se distribuyó en 37 criterios de oportunidad, 26 casos desechados por falta de competencia y apenas una sentencia emitida por un juez, cuyo fallo fue favorable para la persona imputada.
Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción no reporta personas detenidas ni sancionadas por delitos contra el patrimonio público estatal o municipal durante la actual gestión.
En cuanto a la reparación del daño, el organismo dio a conocer la recuperación de cinco millones de pesos para el erario estatal, una cifra que representa menos del 10 por ciento del presupuesto anual asignado a la institución.
Aunque en el periodo reportado recibió 331 nuevas denuncias y ejecutó 278 órdenes de investigación a través de la Policía de Investigación, la actividad institucional ha estado enfocada principalmente en el desahogo de rezagos administrativos.
Esto, sin que ello se haya traducido, hasta el momento, en condenas o detenciones vigentes
Durante su comparecencia ante el Poder Legislativo, Ramírez Morales también confirmó que actualmente no existen expedientes judiciales locales vigentes en contra del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
Sin abundar en detalles, explicó que el Estado perdió la competencia para ejercer acciones penales directas contra el ex mandatario.
De acuerdo con lo expuesto, esta situación obedece a una combinación de factores: la entrega de carpetas de investigación ya prescritas por parte de la administración anterior, litigios detenidos en tribunales federales desde 2022 y expedientes cuya persecución corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República.
Ante la prescripción de los delitos, se dio vista a la Secretaría de la Contraloría del Estado para que investigue la posible responsabilidad administrativa de los servidores públicos que permitieron el vencimiento de los plazos legales.
El fiscal especial precisó que, solo en caso de que los recursos federales pendientes se resuelvan a favor del Estado, se valorará si todavía existe alguna vía jurídica para retomar procesos contra Borge Angulo en el fuero común.
Las acusaciones contra el ex gobernador incluían un presunto quebranto al erario superior a los 17 mil millones de pesos.
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