PH / Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la metodología utilizada por el gobierno federal para reducir el número de personas desaparecidas en México.
Advirtieron que se trata de un nuevo intento por minimizar la gravedad de una crisis que, insistieron, sigue abierta y sin una respuesta suficiente del Estado.
Durante la conferencia realizada en Palacio Nacional, las autoridades presentaron cifras desglosadas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con datos que abarcan de 1952 a 2026.
A partir de esa actualización, diversos colectivos y organismos civiles expresaron su preocupación por la manera en que se están revisando y clasificando los registros.
El Centro Prodh señaló que resulta indispensable transparentar las metodologías aplicadas en este proceso.
“Reducir a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas desdibuja la verdadera dimensión de una tragedia que tiene nombre, rostro y familias que siguen buscando”
Alertó sobre la situación de más de 46 mil registros catalogados con “datos insuficientes”, pues, según expuso, no se anunciaron acciones concretas para corregir esos expedientes ni para emprender labores de localización, dejando nuevamente esa carga en manos de los familiares.
“El reconocimiento oficial de que solo tres mil 869 carpetas de investigación permanecen abiertas exhibe las barreras que enfrentan las familias para denunciar (…)
“Especialmente en regiones marcadas por la violencia y por la presencia de redes criminales con capacidad de influir incluso en las fiscalías”
A estas críticas se sumaron Fundar, Data Cívica, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Elementa, Justicia Pro Persona, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Global Exchange, Voces Mesoamericanas y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
“Es una trampa el planteamiento de vincular de manera obligatoria el registro de personas desaparecidas con la apertura de una carpeta de investigación”
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones reprocharon que condicionar el reconocimiento formal de una desaparición a la existencia de una carpeta equivale a premiar la ineficiencia institucional y a trasladar las fallas del Estado a las víctimas y sus familias.
Amnistía Internacional, capítulo México, sostuvo que la cifra de personas desaparecidas sigue siendo de 132 mil y remarcó que detrás de ese número hay miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.
“El gobierno mexicano debe asumir con seriedad la magnitud de la crisis y a dejar de recurrir a mecanismos que, en lugar de atender el problema, alimentan la percepción de que se intenta reducirlo en el papel”
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