PH / Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de víctimas y colectivos de búsqueda reclamaron al gobierno federal mayor claridad sobre la metodología utilizada para depurar las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Exigieron, además, corregir los expedientes que han sido reportados como incompletos.
Las organizaciones advirtieron que el número de expedientes no puede equipararse al de personas desaparecidas.
Es inadmisible que ese criterio sea utilizado para reducir o distorsionar la dimensión real de la crisis de desapariciones en México
Señalaron que, pese al discurso oficial de cercanía con las familias, las decisiones continúan tomándose sin una consulta amplia, participativa y efectiva con quienes han encabezado durante años la exigencia de verdad y búsqueda.
Recordaron que el año pasado impulsaron un diálogo con la Secretaría de Gobernación para construir una agenda integral en esta materia, pero acusaron que ese esfuerzo no se ha traducido en una interlocución suficiente ni en mecanismos claros de participación.
En un pronunciamiento conjunto, el Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas marcaron bien su postura.
“No existe claridad sobre la forma en que fueron contabilizados los casos presentados recientemente por autoridades federales”
El viernes pasado, en Palacio Nacional, funcionarios del Gobierno de México dieron a conocer cifras sobre personas desaparecidas y ubicaron el total en 130 mil 178 casos de 2026 a la fecha.
Frente a ello, los colectivos cuestionaron que se recurra a criterios meramente burocráticos para dimensionar una crisis de esta magnitud, pues, advirtieron, ello puede derivar en una lectura incompleta e incluso minimizadora del problema.
“Una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal desconoce las condiciones reales que prevalecen en las fiscalías del país (…)
“Así como el subregistro que existe por la desconfianza en las instituciones y por la falta de condiciones de seguridad para denunciar”
Por ello, insistieron en que el Estado tiene la obligación de garantizar la búsqueda de toda persona desaparecida con la debida diligencia, sin que su localización o atención dependa de su estatus administrativo o penal.
A su juicio, cualquier intento de depurar cifras sin transparencia, sin explicación técnica suficiente y sin la participación de las familias solo profundiza la desconfianza frente a una tragedia que sigue abierta.
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