PH / Mariano Ancona
CIUDAD DE MÉXICO.- En México, la desaparición de personas se ha consolidado como una de las crisis humanitarias más graves del país.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 130 mil personas continúan sin ser localizadas, una cifra que coloca a México entre las naciones con mayor número de desapariciones en el mundo en contextos no declarados de guerra.
Organismos internacionales como el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada han advertido que la magnitud del fenómeno, sumada a los altos niveles de impunidad, configura una emergencia estructural en materia de derechos humanos.
Frente a este escenario, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó la campaña “Carpetas Vivas”, una iniciativa que busca replantear el papel de las carpetas de investigación en los casos de desaparición.
Pero no como expedientes burocráticos, sino como instrumentos dinámicos que concentran la historia de vida de la persona ausente y la esperanza de quienes la buscan.
“La propuesta apunta a combatir la deshumanización de los procesos judiciales y a recordar que cada carpeta representa una vida truncada y una familia en espera”.
María Elizondo, asesora jurídica del CICR para México y Centroamérica, explicó que uno de los principales retos ha sido la manera en que las instituciones han tratado históricamente estos expedientes, reduciéndolos a trámites administrativos sin una visión integral de búsqueda.
Señaló que la carpeta de investigación no solo documenta hechos legales, sino que resguarda información esencial para reconstruir el contexto previo y posterior a la desaparición, así como las acciones emprendidas para localizar a la persona.
En sus palabras, se trata de un documento que contiene “lo más sagrado para las familias: las acciones de búsqueda”.
Durante años, uno de los mayores obstáculos institucionales fue la distinción administrativa entre personas “no localizadas” y “desaparecidas”, una clasificación que retrasaba la apertura de investigaciones penales y diluía responsabilidades.
Sin embargo, tras la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición aprobada en julio de 2025, todo reporte de búsqueda debe derivar automáticamente en la apertura de una carpeta de investigación, una medida que busca eliminar vacíos legales y acelerar las diligencias desde las primeras horas.
“La campaña ‘Carpetas Vivas’ incorpora además guías en lenguaje accesible dirigidas a familiares y colectivos, para que puedan revisar, exigir y dar seguimiento al trabajo de las fiscalías”.
El CICR subrayó que esta articulación es clave, ya que las diligencias de investigación —como el análisis de comunicaciones, la geolocalización o la reconstrucción de redes de contacto— son también acciones de búsqueda.
Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) indican que más de 60 por ciento de los casos permanecen sin avances sustantivos durante los primeros años, en gran parte por omisiones iniciales o expedientes incompletos.
A nivel internacional, el propio CICR estima que más de 100 mil personas se encuentran desaparecidas como consecuencia de conflictos armados y violencia, lo que refuerza la necesidad de mecanismos eficaces de documentación y seguimiento.
Diana Gutiérrez, integrante del colectivo “Buscándote con amor”, quien rastrea a su madre Adulfa Pomposa Cerqueda, desaparecida en septiembre de 2016 en el Estado de México, afirmó que la carpeta de investigación es el eje que permite a las familias exigir avances reales.
“Incompletos o mal elaborados no solo retrasan la búsqueda, sino que vulneran derechos fundamentales como el acceso a la verdad y a la justicia”.
En contraste, explicó, una carpeta sólida facilita la coordinación interinstitucional, evita duplicidades y aumenta las posibilidades de localización.
El CICR recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho de las familias a saber la suerte y el paradero de sus seres queridos.
En un contexto donde organizaciones civiles estiman que más de 90 por ciento de los delitos en México permanecen impunes, el organismo insistió en que la investigación no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta activa orientada a la búsqueda y al esclarecimiento de los hechos.
María Elizondo enfatizó que una carpeta de investigación no es un archivo inmóvil, sino un instrumento que “late y respira con cada acción de búsqueda”.
Su correcta integración puede marcar la diferencia entre el abandono institucional y la posibilidad de encontrar respuestas.
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